La Declaración Jurada de Incapacidad Legal para Contratar está dirigida a garantizar que las empresas, es decir, las personas jurídicas y las personas naturales que las conformen, llámese accionistas, dignatarios, directores o representantes legales, que participen como proponentes o contratistas dentro de los distintos procesos de selección de contratista, no se encuentren impedidos de participar en dichos actos, en virtud de las limitantes que se establecen en las disposiciones contenidas en la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública.
